miércoles, 17 de abril de 2013

Boletín informativo de CORREPI

Comienza el juicio al policí­a federal Ledezma por el asesinato de Walter y Lean.


    Luchamos porque sabemos que la justicia no puede venir del mismo estado que disparó, y por eso luchamos no por la sentencia, sino por la conciencia. Para que cada vez seamos más los que visibilicemos esta represión cotidiana y sistemática, tan naturalizada por este sistema, en los barrios más pobres, que apunta a mostrar que el que manda es el estado, y que hay que tenerle mucho miedo. Esta represión que es ejercida a través de las fuerzas represivas, nos mata un pibe por dí­a con el gatillo fácil y la tortura en cárceles y comisarí­as. Luchamos para que cada vez seamos más los que salgamos a las calles a luchar contra la represión.
     Acompañanos el miércoles 17 desde las 8:30 en los Tribunales de Lomas de Zamora, para seguir denunciando que el gatillo fácil y la tortura son una política de estado, y que nuestro camino es la organización y la lucha.
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Llega la sentencia en el juicio por Mariano Ferreyra.

El viernes 19 de abril, el tribunal oral nº 21 dará a conocer la sentencia a los acusados por el homicidio del compañero Mariano Ferreyra y la tentativa de homicidio de Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos.
    Ya todos sabemos cómo fueron los hechos: la patota de Pedraza, respaldada por la empresa, acompañada y protegida por la policía, atacó a los trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca y a las organizaciones que se solidarizaban con ellos.
      Quedó muy claro, en estos casi 9 meses de debate oral, que el ataque del 20 de octubre de 2010 fue parte de un plan criminal en el que la patota, la policía y la empresa se repartieron las tareas con un objetivo común: defender los intereses, también comunes, de los tres socios de esa histórica alianza antiobrera. Las tres partes fueron fundamentales para que el plan pudiera ser llevado a cabo:
    La patota: Así como los empresarios usan la tercerización del trabajo para profundizar la explotación, el gobierno terceriza la represión, para hacerla más eficaz y con menos costo político que cuando directamente manda sus policías y gendarmes. Los integrantes de la patota fueron los responsables materiales de la represión a los compañeros. Gracias a la enorme presión de la movilización popular, el secretario general de la Unión Ferroviaria enfrenta desde la cárcel la posibilidad cierta de una condena a prisión perpetua junto a sus subordinados, los integrantes del grupo de choque.
      La empresa: Los intereses de los empresarios reunidos en la UGOFE se vieron amenazados con el plan de lucha por la reincorporación de los 150 compañeros despedidos y por el pase a planta de los tercerizados. Por ello, dieron franco a sus aliados de la burocracia sindical, que portaban celulares pagados por la patronal con los que se intercomunicaban los que apretaron el gatillo con sus jefes.
      La policía: Prestó más que una “inestimable” colaboración, actuando como resorte logístico de los otros asesinos. Desde la querella que CORREPI integra con APEL, logramos impedir que se cristalizara la intención impulsada por la entonces fiscal Camaño de separar las causas de la patota y la policía. De esta manera, conseguimos que los comisarios Lompizano, Mansilla y Ferreyra, el subcomisario Garay, los oficiales Echavarría y Conti y el agente Villalba fueran juzgados junto a sus asociados de la UF. Aunque la fiscalía de juicio insistió con la tenue acusación por abandono de persona, las querellas los señalamos como partícipes necesarios en la ejecución del homicidio calificado y homicidios calificados en grado de tentativa.
       Nos encontramos a las puertas de la sentencia por el homicidio del compañero Mariano. Esta fue una larga lucha, llevada a cabo enérgicamente en los tribunales y, más aún, en las calles, mediante enormes movilizaciones populares y demostraciones de solidaridad del conjunto de los trabajadores. La lucha continuará hacia los responsables políticos que quedaron fuera del banquillo, los funcionarios públicos y los directivos de la patronal, con las mismas banderas de organización y lucha.
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Pasan los abriles, pasan los gobiernos, sigue la represión.

12 de abril de 1995. El policía Polo dispara a matar contra los manifestantes, Víctor Choque, obrero metalúrgico, no puede esquivar los tiros y cae muerto con una bala en el cráneo. Nada es casual: Víctor había llegado en 1991 a Ushuaia, desde Salta, en busca de trabajo. Lo encontró en la fábrica Continental. En 1995, en el marco de las políticas de hambre y miseria de la época, la fábrica realizó despidos masivos, como muchas otras fábricas a lo largo y ancho del país. Víctor se encontró en la lista de los despedidos, que no se quedaron quietos. Los trabajadores de Continental pararon y tomaron la fábrica. El gobierno menemista del gobernador Estabillo los desalojó a fuerza de postas de goma y gases, y detuvo decenas de trabajadores.
    Al día siguiente, 12 de abril, se realizó una gran manifestación reclamando la libertad de los compañeros presos. El gobierno provincial, con fuerzas propias y apoyado por el nacional, reprimió la movilización e inauguró la lista de muertos por luchar. Víctor Choque fue el primer trabajador asesinado en una manifestación popular desde 1983, pero no sería el último.

12 de abril de 1997. La democracia ya no dejaba dudas: los despidos, el hambre, la miseria y la represión seguirían estando presentes, aunque se cambiaran botas y Falcon verdes por zapatos de marca y Ferraris rojas.
   De esto los maestros saben bien, lo supieron bien cuando el estado intentó callarlos asesinando a Teresa Rodríguez. Era la Semana Santa de 1997, la gendarmería había reprimido y desalojado a docentes que se manifestaban contra el recorte salarial sobre la Ruta 22 en Neuquén. Esto desencadenó una pueblada en apoyo a los docentes en Cutral-Có, y volvió la represión, que dejó trece heridos y una trabajadora asesinada: Teresa Rodríguez. Uno de los policías que disparaba contra los manifestantes fue José Darío Poblete.

4 de abril de 2007. Recortes salariales otra vez, paro docente en Neuquén. Esta vez no había Menem para putear. El gobierno “nacional y popular” de los Kirchner presionaba, junto al gobernador Sobich, para que los docentes se conformaran con poco. En la manifestación de ATEN, que cortaba una ruta en Arroyito, se veía muy bien que cuando se trata de represión, no hay oposición verdadera: policías y gendarmes enviados por la Nación actuaban en conjunto con las fuerzas de seguridad provinciales para reprimir a los docentes que luchaban. José Darío Poblete, el mismo que disparó diez años antes contra los docentes de Cutral-Có, tiró un cartucho de gas lacrimógeno a corta distancia que impactó en la nuca de Carlos Fuentealba, uno de los maestros en huelga.
   Carlos Fuentealba se convirtió en el número 51, en una lista de 69 asesinados por luchar.
   Pasan los abriles, pasan los gobiernos, pero la represión queda.

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